El martes 27 de julio de 2004, el ciudadano costarricense Orlando Ulises Jiménez Jiménez de 54 años de edad, que fungía como policía de seguridad en el exterior de la embajada de Chile en suelo costarricense, asesinó con su arma de servicio -un fusil de guerra M16-, a tres funcionarios chilenos: Roberto Nieto (primer secretario) Christian Yuseff (segundo secretario y cónsul) y Rocío Sariego (asesora del agregado cultural).
Transcurrido una década, aún no se conocen las razones o los motivos que llevaron a "este ejemplar funcionario de la policía costarricense" atentar de manera selectiva contra estos tres chilenos. Sólo existen especulaciones y conjeturas sin un valor jurídico real. Científicamente nunca pudieron descifrar en el Ministerio Público de Costa Rica las motivaciones que pudo tener Orlando Jiménez.
¿Y Chile? ¿Llevó a cabo alguna investigación? ¿Unió "fuerzas" con Costa Rica para aclarar los hechos?... ¡Jamás lo hizo! Únicamente elaboró un "Sumario Administrativo Interno" que permitió descifrar algunas faltas y errores en la gestión del entonces embajador chileno, Guillermo Yunge. Estas se conocieron solamente dentro de un grupo fáctico de poder. No obstante, nunca se investigó si esas "faltas y errores" se relacionaron de alguna manera con las muertes ocurridas ese fatídico 27 de julio.
Entonces, ¿cuál es el resultado de esa investigación sumarial? ¿A qué conclusión llegó?... ¡Públicamente, no se conoce!. Ni siquiera los familiares de las víctimas chilenas han tenido acceso a esa información ¿Por qué? ¿Qué se pretende ocultar?
La situación adquiere un cariz más cuestionable, cuando el 7 de enero de 2005, el entonces canciller y actual senador y presidente de la Democracia Cristiana chilena, Ignacio Walker intentó poner un punto final a la controversia declarando -de visita en Costa Rica-, que para Chile "el caso está cerrado política y administrativamente". Declaraciones que emitió mientras buscaba el apoyo y el voto político para la postulación de José Miguel Insulza a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA.
A continuación, verán un reportaje audiovisual in extenso titulado "Terror en la Embajada... La historia oculta de los crímenes en Costa Rica" (basado en el libro homónimo publicado en el 2006) que revela responsabilidades políticas y administrativas no reconocidas por el estado de Chile, puesto que nunca fueron investigadas ni transparentadas oficialmente por ninguno de los gobiernos que sucedieron al Presidente Ricardo Lagos Escobar, quien se involucró en los hechos, al atribuirse él la responsabilidad final para autorizar el ingreso de la policía costarricense durante el rescate de las víctimas.
Diez años se cumplen de una indolente actitud de las autoridades, que han preferido ocultar la verdad y proteger a los responsables. Diez años han pasado de un silencio cómplice que ha profundizado el dolor y la incertidumbre de no saber realmente qué, cómo y por qué sucedió. Diez años les ha tocado vivir a los familiares de las víctimas chilenas con una herida abierta de manera crónica, donde a 10 años siguen tocando puertas y buscando explicaciones frente a los "diplomáticos y educados" portazos recibidos.
